Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda

infoRETAIL.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (en la imagen), ahonda en su propuesta de intervención pública en el mercado de la distribución alimentaria con el objetivo de reducir la inflación en el sector.

Si hace tres meses su estrategia se centraba en establecer un mecanismo que topara los precios de determinados productos a través de una cesta básica, su propuesta ahora va encaminada a castigar a los distribuidores que no se adhieran a su plan de limitación de precios prohibiéndoles el reparto de dividendos entre sus accionistas.

“Aquellas (empresas) que no acuerden, por ejemplo, pues que no puedan repartir, por dar alguna idea, dividendos, igual que hicimos en otros momentos de la crisis”, ha planteado Yolanda Díaz.

El veto a los dividendos estaría dirigido a aquellos distribuidores que no se sumaran a su plan de limitar los precios

Además, la vicepresidenta segunda ha confirmado que PSOE y Podemos continúan negociando un paquete de medidas para facilitar a las familias una cesta de la compra “con productos de calidad” a precios moderados.

“Son muchas medidas las que le hemos planteado al Partido Socialista y se las iremos presentando a lo largo de estos días”, asegura Díaz, quien se ha referido a la “vía impositiva” o a la “limitación de los márgenes empresariales” en las empresas de distribución como cauces para reducir los precios de los alimentos, que el mes pasado crecieron un 15,3% respecto a noviembre de 2021.

Aunque no ha querido concretar las propuestas de Podemos, sí ha dicho que su apuesta es la de propiciar un acuerdo con los grandes supermercados; limitar los márgenes empresariales de grandes distribuidoras, actuar en materia de ingresos públicos, y prohibir el dividendo en aquellas que voluntariamente no accedan a facilitar productos asequibles y de calidad a las familias.

La prohibición del reparto de dividendos se suma así a la propuesta lanzada a principios de semana por Podemos al PSOE de crear un impuesto a las grandes distribuidoras del país que grave el 33% de sus beneficios extraordinarios.