infoRETAIL.- Las autoridades de la Unión Europea (UE) están investigando la venta de atún adulterado en España, un fraude alimentario que podría haber afectado ya a cientos de personas en varios países por intoxicación.

La alerta ha sido originada por la venta de este producto como fresco a pesar de no haber sido conservado siguiendo los parámetros exigidos por la legislación, según ha informado el diario El País. Así, se habría inyectado extractos de remolacha u otros vegetales a los lomos de atún con el objetivo de proporcionarles una mayor apariencia de fresco.

La Comisión Europea (CE) estima que el fraude podría afectar a unas 25.000 toneladas de atún cada año y supondría unas ganancias de 200 millones de euros.

Bruselas informó a España en octubre del año pasado de que, al menos, dos alertas por intoxicación en Italia y Francia habían tenido su origen en una empresa radicada en España. En ambos casos se trató de escombroidosis, una intoxicación alimentaria que causa urticarias, vómitos y diarrea debidas a que el pescado contiene niveles altos de histamina.

Desde entonces se han disparado las alertas por intoxicaciones de este tipo dentro y fuera de España. En lo que va de año se han contabilizado 171 afectados (pincha aquí para ampliar información), frente a los 25 de 2016 y 63 de 2015, tal y como recoge el rotativo español.

España no ha conseguido solucionar el problema y el atún fraudulento sigue llegando al mercado desde establecimientos españoles, según la Comisión que reconoce que después de que llegaron las primeras alertas, la venta fraudulenta se redujo un 30%, pero sigue sucendiendo.

Nuevas medidas comunitarias
Por otro lado, los Estados miembros de la UE y la CE han acordado la puesta en marcha de una veintena de medidas para reforzar la acción comunitaria contra fraudes alimentarios, como el acaecido este verano con el insecticida fipronil, hallado en huevos y carne de pollo (pincha aquí para ver la noticia).

Estas acciones contemplan desde la posibilidad de establecer un funcionario responsable de seguridad alimentaria en los socios comunitarios hasta ejercicios para probar las capacidades de los países ante crisis.

Las medidas están centradas en mejorar la comunicación sobre riesgos entre estados miembros y la Comisión, con el objetivo de garantizar que “llega al gran público de manera más rápida y coherente”, tal y como ha explicado el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

Una de las decisiones consensuadas ha sido la de estudiar el establecimiento de un funcionario de seguridad alimentaria en cada Estado miembro para “garantizar que la información fluye lo más rápida y eficazmente posible”. Asimismo, también se promoverán actividades de formación que incluyan ejercicios regulares sobre la gestión de crisis alimentarias.

Este paquete de medidas volverá a tratarse en el próximo Consejo de Agricultura y Pesca de la UE, que se celebrará en Luxemburgo el 9 y el 10 de octubre.