infoRETAIL.- La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha explicado esta mañana, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, en Bruselas, la experiencia española en la implementación de la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, donde ha ofrecido la máxima colaboración con este Parlamento en todas aquellas tareas en las que la experiencia española pueda resultar de utilidad.
 
En su intervención, García Tejerina ha puesto en valor los diferentes trabajos y documentos elaborados por las instituciones europeas para evitar los efectos de las prácticas desleales sobre la cadena de suministro alimentario. A este respecto, la ministra ha señalado que, entre los diferentes agentes y las autoridades nacionales en materia de competencia, existe una amplia coincidencia en el diagnóstico de la situación.
 
En este contexto, la ministra ha señalado que las prácticas comerciales desleales aparecen como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación a lo largo de la cadena, y que las pequeñas empresas y los productores agrarios “están especialmente expuestos a la acción de estas prácticas desleales”.
 
Además, García Tejerina ha asegurado que el mayor grado de integración y concentración incrementan las diferencias en el poder de negociación, lo que está aumentando la fragilidad de los operadores agrarios y, en menor medida, de los fabricantes. En definitiva, “las prácticas desleales constituyen un obstáculo para el desarrollo y el funcionamiento del mercado interior y distorsionan los mecanismos del mercado”, ha afirmado.
 
Ante esta situación, García Tejerina ha expuesto los principales aspectos del modelo “que ya está operativo en España y empezando a dar sus resultados”. Según ha comentado, el Gobierno de España ha sido “especialmente sensible” ante la situación de los agricultores y ganaderos, por el desequilibrio en su poder de negociación, por la falta de transparencia en la formación de precios o por la realización de prácticas comerciales desleales.
 
García Tejerina ha recalcado que, mediante esta ley, se busca aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario, reducir los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, y lograr un marco de competencia justa que redunde en beneficio no sólo de los operadores del sector, sino también de los consumidores.

Modelo mixto
Según ha detallado, la ley se basa en un modelo mixto en el que coexiste un sistema público que regula las relaciones comerciales, junto a un sistema privado de autorregulación, complementados con un sistema de seguimiento y vigilancia.
 
Además de definir las prácticas desleales, García Tejerina ha expresado la necesidad de contar con un régimen sancionador y un organismo encargado de controlar el cumplimiento de dichas prácticas y de aplicar dicho régimen sancionador: la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).  La ministra está convencida de que los productores y operadores encuentran en AICA “un firme aliado en la defensa de la legalidad, como ya se está demostrando durante el tiempo que lleva funcionando”.
 
En cuando a los resultados, la ministra ha indicado que, en el año y medio que AICA lleva funcionando, se han inspeccionado de oficio un total de 663 empresas, en las que se han controlado 3.000 operaciones comerciales. También se han recibido 91 denuncias por incumplimientos de la ley de la cadena. Como resultado de todo ello, se han incoado 141 expedientes sancionadores.
 
Por otro lado, García Tejerina se ha referido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles, que permite ampliar, de manera voluntaria, los compromisos que asumen los operadores para conseguir una mejora en el clima de confianza en el desarrollo de las relaciones comerciales.
 
Para mantener su vigencia en el tiempo, García Tejerina ha explicado que el modelo se completa con un sistema de seguimiento y vigilancia del conjunto del sector agroalimentario, mediante el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Gracias a su trabajo, ha añadido la ministra, “podemos evaluar los resultados de la aplicación de la ley, identificar los problemas que persisten y la aparición de otros nuevos, y conocer cómo evoluciona la calidad de las relaciones comerciales.