Javier Millán-Astray, de Anged

infoRETAIL.- “El Gobierno debe centrarse en favorecer la recuperación del consumo y no en aprobar medidas que ponen barreras a la dinamización”. Así de crítico se ha mostrado esta mañana el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray (en la imagen), con la enmienda introducida ayer al proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, que contempla limitar a 1.000 euros el pago en efectivo en los comercios.

“Es una medida inoportuna, que puede incidir negativamente en la recuperación del comercio, uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, con la pérdida de 60.000 puestos de trabajo y con unas tiendas que han estado cerradas un mínimo de 90 días y un máximo de 225. Necesitamos recuperar y dinamizar el consumo, no que nos pongan palos en las ruedas”, ha lamentado el directivo.

Durante el evento, al que ha asistido infoRETAIL, se ha puesto de manifiesto que en España el 83% de todas las operaciones de pago en los comercios se realiza con efectivo, lo que supone diez puntos más que la media europea. Además, estas transacciones representan el 60% del volumen total del comercio, según datos del Banco Central Europeo y del Banco de España, que señalan que el 40% de los españoles considera muy importante el acceso y uso de efectivo.

Javier Millán-Astray (Anged): “Esta enmienda recorta la capacidad de elección del consumidor sobre el medio de pago. No favorece al consumidor, ni al comerciante, ni al consumo”

“Es una medida que va en contra de lo que recomiendan todas las instituciones europeas, que abogan por facilitar el acceso y la utilización de efectivo”, explica el director general de Anged, quien considera una “contradicción” limitar un medio de pago que está emitido y garantizado por el propio Estado.

En la actualidad, la mayoría de los países europeos no tiene límites al pago en efectivo, y los que lo tienen lo sitúan por encima de 2.500 euros –como España, hasta ahora–. Sólo Francia ha establecido la frontera en 1.000 euros. 

“Esta enmienda recorta la capacidad de elección del consumidor sobre el medio de pago. No favorece al consumidor, ni al comerciante, ni al consumo. Esperamos que el Ministerio de Hacienda reconsidere esta medida y nos centremos todos en recuperar la economía y el consumo”, sentencia Javier Millán-Astray.

Medida “ideológica”
En este sentido se ha manifestado también el portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC) y secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), Carlos Moreno-Figueroa, quien considera que esta medida “no se basa en razones lógicas, sino ideológicas”.

“No se puede obligar a los clientes a que tengan tarjetas de crédito. Estaríamos favoreciendo medios privados, con costes y que capturan datos que dependen de multinacionales. No encaja mucho con el espíritu de los legisladores. Hay que facilitar a los consumidores la compra de productos y no ponerles trabas ni complicaciones”, añade Moreno-Figueroa. En su opinión, para atajar el fraude fiscal hay que “ir al origen”, no al consumidor final.

Eduardo Zamácola (Acotex): “Esta enmienda parece más un cambio de cromos que una medida para reducir el fraude fiscal”

Así se expresa también el presidente de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, quien califica esta medida de “sin sentido”, ya que no ayudará al consumo ni rebajará la economía sumergida. 

“Estamos indignados y desesperanzados. No hay ni una sola asociación que esté a favor de esta medida. Hemos tenido conversaciones muy positivas con los grupos parlamentarios, pero luego en la votación se han expresado de forma totalmente contraria. No parece que pintemos mucho. Es increíble. Parece más un cambio de cromos que una medida para reducir el fraude fiscal”, ha lamentado.

Sobre las ayudas públicas de 11.000 millones de euros para el comercio, Zamácola también se muestra contundente: “Las ayudas no llegan. Son insuficientes. Ni mucho menos será la salvación del comercio, aunque se está intentando vender como si fuera la panacea”.

En esta línea, Carlos Moreno-Figueroa ha confirmado que ninguna Comunidad Autónoma “está pagando a las empresas. Estamos a la cola en Europa en ayudas a las empresas. Cuando quieran llegar esas ayudas muchos comercios ya habrán cerrado”, concluye.