Dimas Gimeno

infoRETAIL.- La demanda interpuesta por el expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, contra el exdirector de seguridad de la compañía, Juan Carlos Fernández-Cernuda, ha sido sobreseida y archivada, ya que "no concurren los elementos del tipo penal", según declara el escrito del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid.

Gimeno acusaba a Fernández-Cernuda de supuestos delitos de administración desleal, delito societario y corrupción entre particulares, si bien, el juez asegura que no queda "acreditada la aceptación del beneficio o ventaja no justificada como contraprestación para favorecer indebidamente a otro y hubiera correspondido a la parte acusadora acreditar la concurrencia de los requisitos del tipo penal".

Además, el Ministerio Fiscal ya había solicitado el sobreseimiento provisional de este caso, cuya fundamentación ha sido aceptada por el juez, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid sobresee la demanda por supuestos delitos de administración desleal, delito societario y corrupción entre particulares

Sobre la contratación de los servicios de seguridad a Seguribérica y Mega 2, empresa vinculada a familiares de Fernández-Cernuda, el juez señala que "no consta la existencia de un perjuicio económico para El Corte Inglés, ni un trato de favor para con las sociedades que tiene algún tipo de vinculación con alguno de los querellados".

"Resulta evidente que no se ha justificado la concurrencia del tipo de administración desleal al tiempo en que se comenten los hechos" y que no se ha justificado "la existencia de un perjuicio evaluable para el patrimonio de la entidad", tal y como indica la sentencia, fechada a 28 de febrero.

Por otro lado, en cuanto al supuesto delito de corrupción entre particulares, el juez considera que "no concurren los elementos del tipo penal, ya que no resulta acreditada la aceptación de un beneficio o ventaja no justificada como contraprestación para favorecer indebidamente a otro y hubiera correspondido a la parte acusadora acreditar la concurrencia de los requisitos del tipo penal".

Según ha adelantado El Confidencial, desde El Corte Inglés siempre han sostenido que no hubo ningún tipo de irregularidad en la concesión de la seguridad -el importe asciende a unos 300 millones de euros- a la empresa de su máximo responsable, que ya cobraba una nómina del grupo.