Fesbal presenta Plan B para excedente alimentario

infoRETAIL.- La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha celebrado un encuentro en Madrid para analizar el impacto y la aplicación práctica de la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario (LPPDA). El acto, al que ha asistido infoRETAIL, ha servido para presentar oficialmente Plan B, una plataforma tecnológica impulsada por Fesbal que facilita la gestión eficiente y trazable del excedente alimentario.

En la apertura de la jornada, el tesorero de Fesbal, Gregorio Pérez Calvo, ha remarcado la importancia del encuentro como espacio de colaboración entre empresas, Administraciones públicas y entidades sociales, señalando que “esta ley es una oportunidad para construir alianzas sólidas entre empresas, entidades públicas y sociales. Hoy alineamos nuestras estrategias para seguir siendo un referente en la lucha contra el desperdicio y la inseguridad alimentaria”.

Por su parte, la subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del MAPA, Ana Díaz Pérez, ha señalado que “queremos que todos los alimentos vuelvan a su propósito: alimentar”. En referencia a la LPPDA, ha explicado que la norma descansa en tres pilares, que son jerarquía de prioridades, planes de prevención y acuerdos de donación; enfatizando la necesidad de digitalizar procesos y garantizar la trazabilidad en toda la cadena.

José Manuel Marco: “Queremos transformar la forma en que los bancos de alimentos, donantes y entidades sociales trabajan, haciendo el proceso más eficiente, trazable y sostenible”

En este contexto, el director del proyecto Plan B, José Manuel Marco, ha detallado que la herramienta integra una plataforma digital, modelos de acuerdo y un modelo operativo unificado para optimizar los flujos de excedente, facilitar la trazabilidad y maximizar el impacto social. En este sentido, ha destacado que “queremos transformar la forma en que los bancos de alimentos, donantes y entidades sociales trabajan, haciendo el proceso más eficiente, trazable y sostenible”.

La jornada ha continuado con la exposición de un caso práctico llevado a cabo por Eroski y el Banco de Alimentos de Vizcaya. La responsable de Sostenibilidad de Eroski, Cristina Rodríguez Domingo, ha explicado que la integración tecnológica permite anticipar excedentes, automatizar las donaciones y optimizar rutas logísticas. Rodríguez Domingo ha matizado que “el gran beneficio de Plan B ha sido visibilizar la trazabilidad completa de la donación y facilitar recogidas más eficientes”.

Debate: Nueva LPPDA: obligación y oportunidad
En la mesa de debate titulada Nueva LPPDA: obligación y oportunidad, han participado la subdirectora general de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del MAPA, Ana Díaz Pérez; el director general de Fesbal, Francisco Greciano Rodríguez; y la responsable de Sostenibilidad de Eroski, Cristina Rodríguez Domingo, con la moderación de la responsable de fundraising de Fesbal, Vanessa Espinar. Díaz ha recalcado que el texto legal se elaboró tras un proceso de escucha activa con todos los agentes, reiterando que “la sostenibilidad ha llegado para quedarse”.

Por su parte, Greciano ha señalado que “Plan B refuerza la posición de los bancos de alimentos como referente en redistribución responsable”, subrayando que “la trazabilidad y la digitalización son fundamentales para cumplir con el artículo 9 de la ley”. 
Los ponentes han coincidido en la necesidad de armonizar los criterios de medición del desperdicio alimentario. “Si no medimos, no actuamos”, ha indicado Rodríguez, al tiempo que defendía la creación de un sistema común de reporte para las administraciones: “Estas iniciativas demuestran que es posible avanzar en la prevención del desperdicio con soluciones reales y replicables”.

Balance social y retos logísticos
En el marco de este encuentro, Fesbal ha recordado que en 2024 más de 1.000.000 de personas recibieron ayuda de los bancos de alimentos, 300.000 de ellas menores de edad. La organización ha destacado que sus principales necesidades de adaptación a la ley se centran en la logística -especialmente en transporte refrigerado- y que Plan B aporta una solución escalable también para zonas rurales, apoyada en su red de más de 6.000 entidades colaboradoras.


En cuanto al impacto económico de la norma, Cristina Rodríguez ha afirmado que “una gestión adecuada del desperdicio, apoyada en incentivos fiscales y herramientas tecnológicas, puede generar beneficios directos para las empresas”.
 La sesión ha concluido con una valoración positiva del proyecto. “Plan B es ya una realidad y se está convirtiendo en un estándar sectorial”, ha asegurado Greciano. Por su parte, Ana Díaz ha cerrado el acto destacando que “estas iniciativas demuestran que es posible avanzar en la prevención del desperdicio con soluciones reales y replicables”.