infoRETAIL.- La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), la Confederación Española de Comercio, la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Ecovidrio y Ecoembes firman un comunicado conjunto contra el impuesto balear de envases.

“El nuevo impuesto pretende corregir el déficit público de las Islas a costa de penalizar los productos básicos de alimentación y de consumo turístico, aquellos que compran todos los días las familias y los turistas de las Islas. Además, el castigo fiscal y las cargas burocráticas asociadas a este tributo sitúan a las empresas de Baleares en una posición de desventaja competitiva, que se traducirá en pérdidas de inversión y empleo”, afirma el comunicado.

Tras destacar que el impuesto no tiene en cuenta el valor del contenido (bebida o alimento), lo que hace es “introducir una mayor carga fiscal sobre los productos más económicos, es decir aquellos de primera necesidad y consumo frecuente tanto en los hogares como fuera del hogar, como son el agua, la leche, la cerveza, los zumos o las bebidas refrescantes”.  

“Este castigo fiscal sobre el consumo de productos básicos –prosigue el comunicado- no sólo drena rentas y recursos de los hogares, sino que también lastra la competitividad de la distribución comercial, la industria, el turismo y la hostelería de Baleares, ya que añade un incremento injustificado de los costes indirectos de las empresas, impone un entramado de cargas burocráticas que encarecen los costes de administración de los negocios y, además, se desmarca de los esfuerzos de la Administración central para garantizar la unidad de mercado”.

Según los firmantes, el nuevo tributo sobre envases afectará a 7.000 establecimientos y 13.000 puestos de trabajo, cuyo impacto sobre los costes de las empresas y la facturación puede acarrear el cierre de hasta 200 locales y la pérdida de más de 500 empleos en el sector de la restauración.

“Es necesario poner de manifiesto que el impuesto no busca la protección del medioambiente, sino que es un tributo con un fin puramente recaudatorio y no medioambiental”, concluye el comunicado.