Prohibición de las bebidas energéticas

infoRETAIL.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y extenderá la restricción hasta los 18 años en el caso de aquellas que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Así lo ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy (en la imagen) en Barcelona, donde ha detallado que la medida se articulará mediante una nueva normativa estatal.

El titular de Consumo ha subrayado que la iniciativa cuenta con un amplio respaldo social. Según el último barómetro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), nueve de cada diez personas en España apoyan la prohibición, incluido el 88,3% de los jóvenes de entre 18 y 35 años. En este sentido, el ministro ha señalado que estas medidas responden a un “clamor social”.

El estudio refleja además que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas, con una frecuencia media de dos veces por semana. Casi la mitad de quienes las toman (49%) consume al menos una al día y el 47% las mezcla regularmente con alcohol. A juicio del ministro, estos datos evidencian la necesidad de reforzar la regulación ante la “percepción de riesgo clara” asociada a estos productos.

Pablo Bustinduy: “Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”

La nueva norma se sumará a la prohibición de venta de bebidas energéticas en centros escolares aprobada el pasado año mediante el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Asimismo, toma como referencia el informe elaborado en 2021 por el Comité Científico de la Aesan, que advertía de que un consumo excesivo de cafeína puede provocar alteraciones del sueño, efectos psicológicos, trastornos del comportamiento y problemas cardiovasculares.

Bustinduy ha defendido también la conveniencia de armonizar la legislación a nivel estatal, en línea con medidas ya adoptadas por países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania, y por comunidades autónomas como Galicia y Asturias. “Se trata de proteger la salud pública y garantizar la unidad de mercado”, ha apuntado.

En paralelo, el ministro ha recordado que su departamento impulsará una regulación para limitar la publicidad de alimentos no saludables dirigida a menores. “Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, ha asegurado Bustinduy, que ha defendido la acción normativa en este ámbito como una “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque eso implique, ha dicho, “poner coto a los poderosos”.