Manuel Fernández de Sousa

infoRETAIL.- La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a ocho años de cárcel al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro (en la imagen) y a penas que van desde los seis meses hasta los tres años y medio de prisión para otros 11 acusados de la excúpula de la entidad por las prácticas irregulares que pusieron en marcha con el fin de obtener financiación bancaria para la empresa y por manipular las cuentas de la entidad para poder captar inversores que acabaron perdiendo su dinero.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Penal absuelven a siete de los 19 acusados y condenan a los otros 12 a penas sensiblemente inferiores a las solicitadas por las acusaciones, al entender que los delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, falseamiento de cuentas anuales y falseamiento de información económica y financiera se cometieron en concurso medial y no pueden ser penados de manera independiente.

Además de las personas físicas, la AN ha condenado, entre otras, a las personas jurídicas Pescanova S.A. y a BDO Auditores a penas de multa y a satisfacer diferentes cantidades en concepto de responsabilidad civil que, en algunos casos, llegan a los más de 51 millones de euros por las cantidades que acabaron perdiendo algunos de los inversores.

La AN también ha condenado a otros 11 miembros de la excúpula de la entidad a penas que van desde los seis meses a los tres años y medio de prisión 

La sentencia, de 610 páginas, relata una serie de prácticas irregulares llevadas a cabo desde la dirección de Pescanova, a cuyo frente se encontraba su presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración, Manuel Fernández de Sousa-Faro. Contaba con la colaboración de los responsables de los departamentos más relevantes, como el de administración, Alfredo Pérez Uros, el financiero, dirigido por Antonio Taboas y determinados empleados de confianza como José Manuel Gil González o Ángel González Domínguez.

Los hechos probados de la sentencia relatan cómo, a consecuencia de la crisis financiera que empezó a detectarse en 2008, el presidente de la entidad, con el objeto de poder seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova por el esfuerzo inversor ejercido en los años anteriores, planeó seguir obteniendo financiación a través de una serie de prácticas irregulares 

Para ello, contó con la colaboración de un grupo de personas de su confianza, entre los que se encontraban los responsables de los departamentos administrativos y financiero de la compañía.

Tras la crisis de 2008, Fernández de Sousa-Faro planeó seguir disfrutando de la financiación bancaria de la que dependía Pescanova a través de una serie de prácticas irregulares

Una vez obtenida esa financiación se llevaron a cabo otra serie de manipulaciones en las cuentas anuales u otros documentos oficiales que reflejaban la situación financiera de la empresa “para conseguir unos resultados positivos que no se correspondían con la situación real y, que, tras ser oficialmente publicados, permitían captar nuevos inversores y desplazar a la financiación bancaria y sus excesivas comisiones”.

Entre los mecanismos ilícitos ideados por los condenados, el tribunal destaca las operaciones de comercio internacional con filiales de ultramar que permitió a Pescanova obtener financiación bancaria a través de “créditos documentarios” millonarios, a espaldas de las propias filiales y sin que sus cantidades coincidieran con los datos que aparecían en la contabilidad de Pescanova.

Además, los acusados crearon una serie de empresa ficticias, las denominadas “sociedades instrumentales” con las que también simularon operaciones de compraventa de pescado que les permitió contratar pólizas de crédito y líneas de factoring que eran abonadas con pagarés que descontaban en los bancos permitiendo tener tesorería durante la vigencia de las financiaciones bancarias.

Alzamiento de bienes del matrimonio Fernández de Sousa-Faro
La sentencia considera acreditado que el presidente de Pescanova y su esposa, Rosario Andrade, sacaron 4,5 millones de euros de las cuentas de España e ingresaron el dinero en dos entidades bancarias de la localidad portuguesa de Valença, después de que se conociera que las cuentas no reflejaban la situación real de Pescanova y se hubieran presentado las primeras querellas y que trataron de transferir el dinero a una cuenta previamente abierta en Hong-Kong.

La sentencia explica que él como autor y su esposa como cooperadora necesaria, trataron de impedir que una parte de la devolución del préstamo de los seis millones prestados por el presidente de Pescanova en nombre de Sodesco estuviera al alcance de los inversores de Pescanova y para ello sacaron el dinero de España a dos cuentas abiertas en Portugal.

La intención del matrimonio, indica la sentencia, era trasladar parte de la devolución de los seis millones desde las cuentas de Kiwi S.A, de España a Portugal y desde Portugal a China, para lo cual, Rosario Andrade abrió una cuenta en el “chartered Bank of China” de la ciudad de Hong Kong.

Durante el juicio ambos acusados reconocieron sin ambages las transferencias de España a Portugal, aunque discreparon de su carácter delictivo y alegaron que su intención no era ocultar patrimonio a los inversores de Pescanova, sino poder utilizar su patrimonio a la vista de los inconvenientes derivados de la situación económica de la sociedad. Por estos hechos, el expresidente de Pescanova resulta condenado a dos años de cárcel y su mujer a uno por delito de alzamiento de bienes.