Servicio postal

infoRETAIL.- La Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), ha mostrado su rechazo absoluto a la tasa a los operadores postales planteada por el Ayuntamiento de Barcelona (conocida como la 'tasa Amazon'), que a partir de este año gravará a las empresas de reparto que facturen más de un millón de euros al año.

Desde la organización consideran que la medida supone “un tributo discriminatorio que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños obligándolas a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”, tal como ha manifestado su presidente, Francisco Aranda.

El líder de UNO considera que el sector del transporte constituye la vía más eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posibilidad de abrir sus fronteras, por lo que esta tasa, a pesar de fundamentarse en la necesidad de cubrir las desigualdades con el comercio de proximidad, atenta contra su competitividad.

Desde la patronal apoyan el uso del espacio público barcelonés, "pero nunca mediante cargas fiscales, sino a través de ayudas que faciliten ese objetivo"

“Aunque sean las empresas de reparto las gravadas por la tasa, los comercios resultan claramente perjudicados en términos de rentabilidad, por lo que se trata de una medida inflacionista”, ha denunciado.

No obstante, Aranda ha dejado claro el compromiso de las empresas de logística y transporte con el uso sostenible del espacio público de la ciudad, “pero nunca mediante el incremento de cargas fiscales, sino a través de ayudas que faciliten la consecución de este objetivo”.

Freno a la creación de empleo
Desde la organización también se rebate el componente de protección medioambiental que el Ayuntamiento de Barcelona incluye entre el argumentario que justifica la medida.

“Resulta contradictorio, dado que un impuesto sobre las ventas online estimula las compras físicas, lo que, a su vez, aumenta los desplazamientos de particulares, la congestión en la ciudad y el impacto medioambiental”, ha sentenciado el presidente de UNO.

Además, la tasa resulta, para la patronal, contraria a los principios tributarios al gravar la actividad económica del operador postal en base a su facturación y no al uso del dominio público, como pretende defender el consistorio barcelonés. 

“Se trata de una medida antisocial, que además llega en un contexto de máxima incertidumbre y tensión económica en el que la incorporación de nuevos costes solo perjudica a las empresas y, por tanto, a la creación de empleo”, concluye Aranda, para quien el impuesto “provocará una ralentización de la recuperación económica”.