pago con euros

infoRETAIL.- Las organizaciones del sector comercial Anged, CEC, Acotex, FECE y la de servicios de seguridad Aproser han criticado la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo, saliendo al paso de diversas enmiendas propuestas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal, que contemplan esta restricción.

Las entidades consideran que esta medida pone prácticamente bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio, al tiempo que supone un impacto negativo en la actividad comercial. En su opinión, resulta “desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio”.

Estas organizaciones empresariales aseguran que comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España, sin embargo estiman que “convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad”.

“Esta medida resulta profundamente inoportuna, ya que supone una barrera innecesaria a la recuperación del consumo en la etapa más crítica que ha vivido el sector con la pandemia”

Las organizaciones recuerdan que la inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo y, de los que lo han hecho, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros.

“Queremos llamar la atención sobre esta experiencia europea, porque los límites para pagos en efectivo en Francia no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos”, explican.

Por otro lado, critican el periodo elegido para la posible implantación de la medida: “En un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta”, sostienen las entidades firmantes.

En ese sentido, consideran que cualquier regulación que vaya en esa línea, debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de la estructura comercial y de distribución del país, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico.

“Es totalmente inoportuna, ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo”, aseguran en un comunicado conjunto. Además, califican la medida de desproporcionada, ya que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero.

Crítica del Banco Central Europeo
En este sentido, recuerdan el dictamen emitido en 2019 por el Banco Central Europeo (BCE) donde ya advertía a España de la desproporción de esta medida: “La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”, indicaba el supervisor bancario.

Junto a este argumento, el BCE mencionaba que el efectivo es “ampliamente aceptado y rápido” y porque permite al pagador controlar sus gastos, al tiempo que es el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso.

Asimismo, añadía que el efectivo no requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos, a lo que se suma que facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forman cualquier tipo de operación financiera.