infoRETAIL.- El Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Durante la sesión, el ministro de Agricultura, Alimentación y Miguel Arias Cañete, ha indicado que esta norma es “la más avanzada de la Unión Europea. Es la primera vez que se regula este tema, aunque se pueda mejorar”, ha declarado el responsable de la cartera, quien ha añadido que “hemos llegado al máximo que Competencia de la UE admite”.
En cuanto al contenido de la ley, se persigue mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario. Según sostiene el Gobierno, estas medidas reducirán el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.
Para ello, la ley se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena, desde la producción hasta la distribución de alimentos o productos alimenticios. Así, la ley regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas.
Contratos por escrito
En relación con el régimen de contratación, la principal novedad radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena. En cuanto a las prácticas comerciales abusivas, la Ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales, salvo que se realicen de mutuo acuerdo. Para ello, los contratos deberán contener las cláusulas en las que se prevea el procedimiento para su posible modificación.
Por otra parte, la norma asienta la autorregulación de las relaciones comerciales mediante un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente junto a las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria y la distribución.
Dicho Código, que será de adhesión voluntaria, cuenta también con la participación del Ministerio de Economía y Competitividad y de las comunidades autónomas, con el objetivo de promover un código de aplicación uniforme en todo el territorio nacional. Para ello, se va a establecer un Registro Estatal, que agruparía a todos los operadores de la cadena que se adscriban a este código.
Asimismo, se crea el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que asumirá las funciones del Observatorio de Precios de los Alimentos y, además, informará de la propuesta de Código y realizará su seguimiento; tratará de fomentar las buenas prácticas y sistemas ágiles de resolución de conflictos; y analizará la estructura básica de los costes y de precios percibidos y pagados, así como las causas.
Por último, la norma establece un control administrativo para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley. En este sentido, se crea la Agencia de Información y Control Alimentarios, a partir de la actual Agencia para el Aceite de Oliva.
La satisfacción de FIAB
Ante la aprobación en el Congreso de los Diputados, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha mostrado su “satisfacción”, al tiempo que ha subrayado que el nuevo marco legislativo recoge “las principales aspiraciones de la industria de alimentación y bebidas en el ámbito de las relaciones comerciales, abarcando los instrumentos esenciales para equilibrar la cadena alimentaria”, que permitirán establecer un nuevo ámbito de creación de valor, “desterrando prácticas abusivas y anticompetitivas” que harán las relaciones comerciales más transparentes.
El director general de FIAB, Horacio González Alemán, ha destacado que se está “frente a un cambio estructural que habrá de beneficiar al conjunto de la economía alimentaria, incluido el consumidor”. FIAB señala que ahora se abre una fase crucial de desarrollo de la ley en varios apartados para conseguir el cambio necesario a lo largo de la cadena alimentaria.
La Federación considera que el sistema mixto de obligaciones legales y de desarrollo a través de acuerdos con los agentes de la cadena, que establece la nueva ley, es un modelo único en la Unión Europea, que debe ser el que inspire a la Comisión Europea para configurar el sistema comunitario.
Reequilibrio de las relaciones
Una opinión también positiva tiene la Asociación de Fabricantes de Productos de Marca (Promarca), que aplaude la aprobación de la Ley de medidas de mejora de la cadena alimentaria, ya que “supone un paso en la buena dirección para reequilibrar las relaciones a lo largo de la cadena alimentaria”.
Según el presidente de Promarca, Ignacio Larracoechea, “es una Ley valiente que mejorará la competencia en el sector agroalimentario, básico para la recuperación de la economía española”.
“Aunque no se recogen todas las peticiones de la industria, constituye una Ley pionera en Europa y desde Promarca se apuesta por exportar el modelo español al resto de la Unión Europea, combinando la regulación legal de las relaciones en la cadena alimentaria con los códigos de buenas prácticas”, se afirma desde la asociación, que felicita al ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación “por esta Ley valiente y comprometida con el sector, que la asociación apoyará con toda lealtad y esfuerzo en su desarrollo futuro, desde el convencimiento de que es un muy buen paso en la dirección correcta”.
La opinión de ACES
Por su parte, desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), su director general Aurelio del Pino estima que “había que haber explorado otro enfoque de la ley, en línea con lo que señaló en su informe la Comisión Nacional de la Competencia. No obstante, una vez cerrado el proceso disponemos de un marco definitivo que es al que tenemos que atenernos”.
Para Del Pino, “durante el trámite legislativo se ha puesto sólo el foco en la distribución comercial. Ahora, con la ley aprobada, tendrá que verse si realmente va a permitir una mejor estructuración de las relaciones y muy especialmente en el sector agrario”.
Desde la patronal añaden que “en el marco de la libre y leal competencia, las cadenas de supermercados cumplirán escrupulosamente los preceptos recogidos en la ley y exigirán igual cumplimiento al resto de operadores de la cadena.”
Finalmente, Aurelio del Pino ha abogado por que sean las administraciones públicas las que “velen para que la aplicación de la ley lleve a tener una cadena más eficiente y competitiva” y las responsabiliza de “evitar que se produzcan efectos perversos o no queridos que nos lleven a costes administrativos desproporcionados, a una distorsión en los modelos empresariales o a la pérdida de la capacidad de respuesta de productores y distribuidores frente a los desafíos el mercado”.