infoRETAIL.- Las asociaciones que integran a los sectores de alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería y bricolaje, electrodomésticos y bienes tecnológicos de consumo se han mostrado “desesperadas” ante la entrada en vigor, el próximo 1 de enero, del impuesto al plástico y ha realizado “un intento final” para solicitar a la Administración Pública su retraso.
“Pedimos al Gobierno que se plantee un aplazamiento de, al menos, un año, para que podamos avanzar en la recuperación”, ha señalado el director general de Aecoc, José María Bonmatí, en un encuentro con los medios, al que ha asistido infoRETAIL, y en el que estaban presentes representantes de ACES, Acotex, Adelma, Aecoc, AFEB, Anged, Applia, Asaja, Asedas, Cooperativas Agroalimentarias, FECE, FIAB, Foro Interalimentario, Marcas de Restauración y Stanpa.
“La desesperación que tenemos también es reflejo de la interlocución que tenemos con la Administración. Nos hace poco caso. Nos escucha, pero sus decisiones no son la mejor de las respuestas. Queremos que nos escuche y que también reaccione y actúe”, sostiene el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola. Así se ha manifestado también la directora general de Stanpa, Val Díez: “Este es un intento desesperado de llevar el tema a la luz pública, que los ministerios sean conscientes de nuestra preocupación”.
Mauricio García de Quevedo (FIAB): “Hay margen para retrasar un año el impuesto y esperar a que el contexto mejore y podamos coger aire”
Por su parte, el Gobierno rechaza el aplazamiento del impuesto alegando una caída de los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, si bien reconoce que, a causa de la inflación, cuenta con una recaudación extra por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros.
En esta línea, Bonmatí recuerda que la interlocución público-privada sobre esta medida comenzó “hace tiempo” con el Ministerio de Transición Ecológica, manteniendo también contactos con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Agricultura. “Sin embargo, el entorno de ahora es mucho peor que cuando se iniciaron las conversaciones. Hay receptividad por su parte, pero no hay capacidad de modificar esta decisión”, lamenta.
El directivo de Aecoc ha asegurado que la puesta en marcha de este impuesto es “claramente inoportuno” y supone “echar gasolina al fuego”, teniendo en cuenta la coyuntura económica actual. “El contexto importa”, ha destacado también el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, quien pone de relieve el alza de los precios sufrido por todos los insumos: “Hay margen para retrasar un año el impuesto y esperar a que el contexto mejore y podamos coger aire”.
Según los datos del sector, la medida tendrá un impacto directo de 690 millones de euros. Sin embargo, a este gasto, García de Quevedo le añade los 1.150 millones de euros adicionales que supone la responsabilidad ampliada del productor: “El impuesto no viene solo”, lamenta. Igualmente, hay que sumar un coste administrativo “muy alto” que garantice la trazabilidad de los envases “aguas arriba”, matiza.
Ambigüedad e impacto en pymes
En este sentido, los representantes de las distintas asociaciones de consumo han coincidido en apuntar la “complejidad” en la trazabilidad de la información. “No todos los proveedores de todos los países están en disposición de proporcionar la información necesaria”, avanza el presidente de ACES, Aurelio del Pino.
A ello se suma la “complejidad técnica” de la medida y las ambigüedades en su interpretación: “Los impuestos normalmente suelen llevar aparejadas normativas de desarrollo. En este caso, no ha habido un desarrollo normativo que haya permitido aterrizar las dudas que tenemos”, añade el directivo, quien añade que el coste real del impuesto en relación con los objetivos que persigue es “absolutamente desproporcionado”.
En esta línea Zamácola asegura que existe un desconocimiento “brutal” de cómo se va a aplicar el impuesto: “Para que no sea un desbarajuste mayor pedimos que se retrase su aplicación. Queremos que se explique mejor la medida y que podamos recuperarnos”. Igualmente, Bonmatí ha lamentado la “inseguridad jurídica” que puede provocar en las empresas su entrada en vigor.
Aurelio del Pino (ACES): “La finalidad del impuesto es recaudatoria; su coste real, en relación con los objetivos que persigue, es absolutamente desproporcionado”
Asimismo, el sector coincide en apuntar el carácter “recaudatorio” de la medida. “Su finalidad no es ambiental, sino recaudatoria”, destaca Del Pino. Incidiendo en ello, Val Díez ha advertido de las consecuencias del impuesto en la inversión internacional en España: “Se están reconsiderando inversiones extranjeras que ya estaban en marcha y se puedan llevar a otros países donde este impuesto no existe. Necesitamos una moratoria para seguir siendo competitivos frente a otros países. Este impuesto no será en ningún caso un elemento creador de empleo”.
Las asociaciones afirman que este impuesto es también una medida especialmente perjudicial para las empresas de menor tamaño que, en el actual escenario inflacionista, tienen menor capacidad de maniobra y, por tanto, de resistencia ante la suma de nuevos sobrecostes.
Así, destacan que los impactos no sólo se derivan del pago del propio impuesto, sino especialmente por toda la operativa de gestión y de administración que conlleva su contabilización y pago y que resulta especialmente gravosa en el caso de las pymes.
De igual modo, en el caso de España es especialmente relevante considerar el gran peso que las pymes presentan en el conjunto de la economía. Así, mientras en el país el 99,88% de las empresas son pymes (en línea con la media europea -99,88%-), este tipo de empresas concentra el 72,5% de los puestos de trabajo, muy por encima de naciones como Francia, Alemania, Reino Unido o Países Bajos, entre otras.
Además, las pymes españolas aportan el 62,2% del PIB nacional (por encima de los mercados vecinos y de la media de la UE), por lo que es sumamente importante no castigar más a un colectivo que está muy seriamente afectado por la coyuntura económica y que podría incluso verse abocado al cierre a o la destrucción de empleo.
Compromiso con el medio ambiente
Por otro lado, las empresas de los sectores representados se declaran firmemente comprometidas con la reducción de los plásticos de un solo uso. Así, las compañías españolas van por delante de la legislación en su compromiso con el medio ambiente y, en la gestión del plástico, la gran mayoría de empresas ya han adoptado medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización para tratar de minimizar la presencia de este material en el packaging.
De hecho, según datos de Eurostat, España se sitúa entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico (51,4%), por delante de naciones como Alemania, Francia o Italia y del conjunto de la media europea (37,7%).
Por su parte, las asociaciones del sector disponen de informes e indicadores que confirman que, en los últimos años, sus empresas han reducido en un 21,7% el porcentaje de plástico utilizado, que el 69,1% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y que el 35,1% del plástico de sus packagings procede de plástico reciclado.