infoRETAIL.- La tensión independentista ha comenzado a afectar a los patrones de consumo a nivel nacional. Según una encuesta realizada por Reputation Institute, el 20% de los encuestados declara haber dejado de comprar productos de procedencia catalana y otro 20% declara que aunque no ha dejado de hacerlo, se lo plantea.

“El estudio nos permite afirmar que el desafío independentista está afectando a la economía española, por su potencial impacto en sus perspectivas de crecimiento; en la economía catalana, por la incertidumbre ante la materialización de un escenario independentista, y en las empresas que desarrollan su actividad en Cataluña, que han tenido que adaptar su estrategia de negocio”, afirma el director general de Reputation Insitute, Enrique Jonhson.

La decisión de algunas empresas catalanas de cambiar su sede social o fiscal está bien visto por el 77,5% “ya que se entiende que responden a la necesidad de asegurar el correcto funcionamiento de la compañía en cualquiera de los potenciales escenarios”, mientras el 10,9% lo rechazan y el 11,6% mantienen una posición neutral.

Asimismo, la reputación de las compañías que han optado por mantener su sede en Cataluña, se ve afectada negativamente a nivel nacional (exceptuando Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana). De este modo, han caído tanto la intención de compra (-3,2) como la confianza (-3,4). Por el contrario, aquellas empresas que han cambiado su sede fiscal o social se vuelven más atractivas para invertir (+3,2).

Por otro lado, cuando se coloca el foco en Cataluña, el 47% de los catalanes afirma estar muy en desacuerdo con el cambio de sede social/ fiscal de las empresas catalanas (frente al 38,3% que sí lo aprueba), perdiendo estas compañías hasta 8,4 puntos en su reputación para el conjunto catalán. Por su parte, la reputación de las empresas que han optado por no cambiar su sede se mantiene estable para esta parte la muestra.

Además, solo el 50% de los catalanes cree que las compañías que mudaron su sede deberían volver en el caso de que no exista una independencia. Ahondando en esta cuestión, el 20% considera el 20% que esas empresas no deberían volver nunca a tener su sede social en la región y el restante 30% no se manifiesta.