Rami Baitiéh, director de Carrefour España

infoRETAIL.- Walmart ha sido acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber dispensado opiáceos aceptando miles de recetas consideradas “sospechosas” por las autoridades y contribubir, así, en el aumento de la crisis de opiáceos que vive el país.

En concreto, el Gobierno estadounidense ha presentado una demanda civil ante una corte de distrito del estado de Delaware, explicando que Walmart, como operador de farmacias, ha aceptado miles de recetas de opiáceos a sabiendas de “que no fueron emitidas para propósitos médicos legítimos o en el uso habitual de la práctica médica”.

Asimismo, la Fiscalía General de Estados Unidos añade en su escrito judicial que Walmart, en su faceta como operador de centros de distribución, ha recibido cientos de miles de pedidos “sospechosos” de los que no ha informado a las autoridades antinarcóticos.

Según el Departamento de Justicia, el retailer sabía que su sistema para detectar recetas ilegales era inadecuado y detalla varias situaciones en las que sus empleados advirtieron a las autoridades federales y a los directivos de la compañía de prescripciones sospechosas.

“Como una de las mayores cadenas de farmacias y distribuidor mayorista de medicamentos en el país, Walmart tiene la responsabilidad y los medios de ayudar a evitar la desviación de los opiáceos con prescripción”

“Como una de las mayores cadenas de farmacias y distribuidor mayorista de medicamentos en el país, Walmart tiene la responsabilidad y los medios de ayudar a evitar el suministro de opiáceos recetados”, ha recordado el fiscal general adjunto de la División Civil, Jeffrey Bossert Clark.

“En su lugar, durante años hizo lo opuesto, aceptar miles de recetas nulas en sus farmacias y fracasar a la hora de informar de pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos hechos por esas farmacias. Esta conducta ilegal contribuyó al abuso epidémico de opiáceos en Estados Unidos”, añade.

De ser hallado culpable, Walmart podría afrontar multas de hasta 67.627 dólares por cada receta ilegal que haya despachado y 15.691 dólares por cada orden sospechosa de la que no haya informado a las autoridades.

Ante estas acusaciones, Walmart ha respondido que la demanda “se inventa una teoría legal en la que se ha forzado ilegalmente a los farmacéuticos a interponerse entre los pacientes y sus médicos, y que está plagada de inexactitudes fácticas y de documentos sacados de contexto”.

“Culpar a los farmacéuticos por no adivinar qué médicos están autorizados (por la Administración de Control de Drogas, DEA) para recetar opiáceos es un intento transparente de trasladar la culpa de los fracasos bien documentados de la DEA, a la hora de evitar que los malos médicos prescriban opiáceos”, ha lamentado Walmart.