Análisis jurídico sobre calidad alimentaria

infoRETAIL.- La apuesta de España por revisar y mejorar los parámetros que aseguren una correcta calidad alimentaria, garantizando altos estándares en todas las fases de la cadena y promoviendo buenas prácticas comerciales, se lleva desarrollando desde hace muchos años.

Esta voluntad por mejorar el sistema de la industria alimentaria se ha traducido en un desarrollo legislativo intenso, con la promulgación de leyes como la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), o la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

“Precisamente, ambos textos fueron impugnados —algunos de sus preceptos— ante el Tribunal Constitucional, por entender que de la literalidad de la ley se desprendía una invasión estatal en las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas. Es por eso que, en estos aspectos directamente relacionados con la calidad alimentaria y con los órganos que se encargan de controlarla, los tribunales también han sido decisivos para matizar la normativa, ofrecer más seguridad jurídica y, en definitiva, reforzar el armazón legal de la industria alimentaria”, se afirma desde DJV Abogados.

Real Decreto-ley 20/2018
“En este sentido, procede comentar, aunque sea brevemente, en qué sentido delimitaron sendas sentencias del Tribunal Constitucional la normativa referida a la calidad alimentaria, pues el reciente Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, ha incluido en sus disposiciones finales primera y segunda las modificaciones normativas producto de la declaración de nulidad de los preceptos impugnados por las sentencias”, se prosigue desde DJV Abogados.

Al respecto, como señala el propio Real Decreto en sus disposiciones generales, en el primer caso, la sentencia del Tribunal Constitucional 66/2017, de 25 de mayo, ha declarado nulos determinados aspectos puntuales de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, que regula la AICA, interpretando, ante la ambigüedad del texto legal, que el legislador estaba invadiendo competencias autonómicas. En concreto, se ha declarado inconstitucional el precepto que atribuye en exclusiva a la AICA el establecimiento y desarrollo del régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley.

Queda clara la intención por seguir reforzando las exigencias en materia de seguridad y de calidad alimentaria, para lo que tanto el legislador como los Tribunales tienen un papel fundamental

“El Real Decreto que estamos comentando no vincula a la AICA el control de lo dispuesto en la ley –se afirma desde DJV-, sino que especifica que establecerá y desarrollará, en el ámbito de las competencias que tiene atribuidas por esta ley la Administración General del Estado, el régimen de control necesario para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma”.

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2016, de 21 de julio, anuló una parte concreta de la Ley 28/2015, de 30 de julio, al entender que los preceptos impugnados “contienen una tipificación de las infracciones en materia de calidad alimentaria que, dado su carácter amplio y omnicomprensivo, combinado con su alto grado de minuciosidad y detalle, considerando también su aparente falta de conexión (en numerosos casos) con el régimen sustantivo básico contenido en la propia Ley, vacía de contenido la competencia normativa autonómica”. Es decir, que el legislador no solo se ha limitado a ofrecer una normativa básica respecto a las sanciones en materia de calidad alimentaria, sino que lo ha hecho con un excesivo nivel de detalle, a través de una tipificación completa y cerrada, que ha impedido a las Comunidades Autónomas articular su competencia en materia sancionadora.

En este sentido, lo que introduce el Real Decreto es la modificación de la disposición final quinta para determinar que “la tipificación de las infracciones en materia de calidad alimentaria será la que al efecto se regule por la legislación de cada comunidad autónoma en la materia”.

Como conclusión a todo lo anterior, queda clara la intención por seguir reforzando las exigencias en materia de seguridad y de calidad alimentaria, para lo que tanto el legislador como los Tribunales encargados de la interpretación de la ley, en su dimensión ordinaria o constitucional, tienen un papel fundamental. El objetivo, a pesar de todo, no varía: seguir garantizando la seguridad jurídica para mejorar la coordinación de la industria, adecuarse a los altos niveles de calidad impuestos y que la fiabilidad de la cadena alimentaria se vaya perfeccionando aún más.