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infoRETAIL.- Los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774 millones de euros, según cifras recogidas en el informe sobre ‘Nuevos costes soportados por el sector comercial en España’ realizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE y presentado este miércoles en Junta Directiva.

De esta cantidad, 514 millones de euros corresponden a gastos directamente derivados de las medidas de seguridad implantadas en los comercios para luchar contra el covid-19 y seguir prestando servicio con la máxima seguridad sanitaria para clientes y trabajadores, lo que permite abastecer a la población de todos los productos necesarios para su bienestar. 

Según el informe, cualquier establecimiento comercial en España está afectado por más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales

El estudio cuantifica los principales costes de reciente aparición que soporta el sector comercial, tanto por parte de las empresas, como por parte de los consumidores. Estos costes están teniendo un gran impacto en las cuentas de resultados de las compañías y de las economías familiares. 

De hecho, 299 millones de euros son soportados directamente por los consumidores, que están asumiendo cargas impositivas "cada vez más importantes", como por ejemplo el incremento del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas, lo que “provoca una contracción del consumo”, según detallan desde CEOE. A ellos se unen los 1.475 millones de euros que soportan directamente las empresas comerciales y que “dificultan la necesaria recuperación económica de este sector”.

Según el informe, cualquier establecimiento comercial en España está afectado por más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales. El informe incluye, entre otras recomendaciones, evitar añadir al sector costes externos evitables que dañen su competitividad y afecten a su recuperación tras la crisis del covid‐19.

El sector comercio supone el 13% del total de la economía española y se sitúa a la cabeza por número de empleos generados (el 17% del total de afiliados a la Seguridad Social), lo que le convierte en uno de los principales motores económicos del país.