infoRETAIL.- “Matar moscas a cañonazos”. Así ha definido la directora Strategy & Economics de PwC, Anna Merino (en la imagen), la propuesta del Gobierno de incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas pasando del 10% al 21%, durante la presentación de un estudio de la consultora que refleja que la aplicación de esta medida podría suponer la pérdida de hasta 370 millones de euros en ventas y la destrucción de más de 6.000 empleos.
“La capacidad de estas medidas fiscales para reducir la obesidad es limitada o no concluyente porque no consigue aumentar el consumo de alimentos saludables, sino que se sustituye uno gravado por otro similar no gravado”, asegura la portavoz de PwC, quien sostiene que “la efectividad de estas medidas no está probada: Es matar moscas a cañonazos”.
El informe de PwC prevé que esta subida impositiva suponga una caída de las ventas de entre 119 y 370 millones de euros. Además, implicará la destrucción de entre 1.980 y 6.165 puestos de trabajo y causará una pérdida de entre 110 y 344 millones de euros de valor agregado bruto (VAB).
PwC: “La capacidad de estas medidas fiscales para reducir la obesidad es limitada o no concluyente porque no consigue aumentar el consumo de alimentos saludables”
De hecho, cerca de la mitad de los impactos en el VAB se concentrará en los diferentes sectores que conforman el sistema agroalimentario: sector agrario (entre 14 y 43 millones de euros), industria (entre 26 y 82 millones), distribución (entre 8 y 26 millones), transporte (entre 3 y 11 millones) y restauración (entre 2 y 6 millones).
El estudio revela que el aumento de la presión fiscal propuesto por el Gobierno también tendrá otras consecuencias sociales debido a su regresividad. Y es que los hogares con el nivel socioeconómico más bajo, cerca de 4,7 millones, suponen el 17% de la renta nacional, pero acabarán soportando el 22% de la recaudación del impuesto. “Las rentas más bajas serían las más afectadas”, sostiene la directiva.
Además, la medida impositiva también tendrá un considerable impacto en la llamada España vaciada. Así, la caída de la actividad económica y el empleo en el sector agrario y la industria agroalimentaria afectará al entorno rural y los municipios más pequeños, actualmente en riesgo de despoblación y con graves problemas de empleabilidad.
Por todo ello, Merino propone cambiar el enfoque impositivo por otro holístico para atajar el problema de la obesidad en España. “Su causa es multifactorial, así que creemos que la mejor manera de hacerle frente es aplicando un enfoque holístico y multisectorial, en el que se actúe en cada una de las causas con la participación de todas las ramas de actividad implicadas”, señala.
En este sentido, aboga por la colaboración público-privada, en un ejercicio de cooperación entre la Administración y las empresas, y basándose en la experiencia de otros países, como Francia, México, Eslovenia o Dinamarca, donde el aumento de la presión fiscal no ha surtido los efectos deseados.
Mensaje común del sector
Por otro lado, el encuentro ha puesto de manifiesto la unidad existente entre la industria y la distribución en este asunto, con un mensaje común contra la propuesta del Gobierno. “Estamos todos juntos contra esta medida, que acabará teniendo efectos negativos en el consumo”, ha señalado el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.
“Es una propuesta injusta, discriminatoria y que llega en el peor momento posible”, ha lamentado el directivo, quien ha hecho un “llamamiento” al Gobierno, a los partidos que lo apoyan y a toda la Cámara, en general, para que sean “sensibles” a la situación económica y social que vive el país actualmente: “No es momento de subir impuestos; que estas medidas vengan cuando se reactive la economía”, ha propuesto García de Quevedo.
En el encuentro también ha participado el director general de Aecoc, José María Bonmatí, quien recuerda que “la efectividad de un impuesto no se mide por la capacidad recaudatoria o por que sea capaz de reducir el consumo de ingredientes, sino por que consiga reducir su objetivo, la obesidad, en este caso”.
Asimismo, el directivo ha confirmado el “firme” compromiso del sector en la lucha contra la obesidad, especialmente la infantil, al tiempo que subraya que “la vía de aumentar la presión fiscal no es la adecuada, sino meramente recaudatoria”.
Finalmente, el presidente de Asaja, Pedro Barato, ha asegurado que “hay países que nos han pedido que no apliquemos esta medida. No es una medida de que venga de Sanidad, sino de Consumo, es decir, quieren sanear las cuentas a base de impuestos, no de sanear la salud”.