infoRETAIL.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado un paquete de normas sobre IVA en comercio electrónico, con el objetivo de facilitar su recaudación cuando los consumidores compran bienes y servicios online, así como de reducir los 5.000 millones que se pierden por actividades fraudulentas en transacciones a distancia.

La nueva normativa amplía la ‘ventanilla única’ de la Unión Europea (UE) al registro del IVA de ventas a distancia y crea un nuevo portal para las operaciones desde terceros países con un valor menor a 150 euros. De esta forma se evitará que los proveedores online tengan que registrar el IVA en cada uno de los Estados miembros en los que venden bienes.

En la actualidad, estas obligaciones suponen unos costes para las empresas de unos 8.000 euros por cada país de la UE en el que venden bienes o servicios. La nueva regulación generará un ahorro total de 2.300 millones para las compañías y un incremento de 7.000 millones en la recaudación a través del IVA en los Estados miembros.

Por otro lado, el IVA se pagará en el país del consumidor y autorizarán a las plataformas digitales a recaudar este impuesto de las transacciones a distancia que facilitan. Asimismo, las reglas simplifican las disposiciones aplicables para pymes y startups y las operaciones transfronterizas inferiores a 10.000 euros se seguirán rigiendo por las normas de IVA nacionales.

Además, la nueva regulación contempla la eliminación de la excepción para pequeños envíos desde terceros países cuyo valor no llega a 22 euros con el objetivo de evitar “abusos” en los 150 millones de importaciones libres de IVA que llegan a la UE al año.

La simplificación para las ventas interiores en la UE se introducirá en 2019, mientras que se ha acordado una extensión hasta 2021 para las provisiones sobre la 'ventanilla única' , tanto comunitaria como desde terceros países, y para la eliminación de la excepción de IVA para pequeños envíos.

Por tanto, los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020 para transponer estas normas al ordenamiento jurídico de cada país.