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Noticias del Sector

Lunes 26 de Junio de 2017
PUBLICADO EL 19/06/2017
El sector pide a Rajoy llevar la tasa catalana del azúcar al TC
Alerta de que puede sentar un "precedente" con "distorsiones" para la unidad de mercado
 
infoRETAIL.- Las principales organizaciones de la cadena de valor agroalimentaria, hostelería y restauración han solicitado al Gobierno que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto catalán que grava las bebidas azucaradas.

Los firmantes (FIAB, Promarca, Aecoc, Anged, Asedas, ACES, Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agoralimentarias, FEHR y Marcas de Restauración) señalan que este impuesto vulnera la libre circulación de mercancías, la unidad de mercado, y el principio de igualdad y no discriminación, citando un informe técnico de Uría y Menéndez.

En concreto, dicho estudio revela que esta medida no es conforme con las exigencias y limitaciones del principio de territorialidad fiscal o tributaria y establece una serie de desincentivos a la deslocalización de empresas de distribución. Además, presenta similitudes con el IVA por lo que vulnera la prohibición de equivalencia o de doble imposición. El estudio también advierte de que este tributo afecta a la seguridad jurídica, conculca el principio de igualdad y no discriminación y es contrario al principio de capacidad.
 
Estos sectores valoran muy negativamente la entrada en vigor de este impuesto por las consecuencias negativas que comporta en el funcionamiento de la unidad de mercado, así como por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.
 
Así, estos sectores entienden que el precedente que introduce el citado impuesto no sólo es perjudicial para las empresas afectadas por el mismo, sino que abre una vía que puede generar distorsiones mucho más importantes en el funcionamiento de la unidad de mercado para un sector estratégico en el desarrollo económico de España como es el sector de gran consumo, así como de otros sectores afines.
 
Desde FIAB, se ha destacado cómo “la evidencia científica sobre la idoneidad de imponer cargas impositivas sobre alimentos y bebidas es contradictoria y limitada. La excusa de salud, que supuestamente motiva esta medida, no tiene razón de ser ya que no se puede confirmar ni por razones científicas, jurídicas, económicas ni sociales. No cabe sino pensar en un evidente fin recaudatorio que justifique esta acción desmedida y sin sentido”.

Los representantes de las organizaciones de la distribución, Anged, ACES y Asedas, coinciden en que “esta incipiente política fiscal sobre los alimentos, en la medida en que se extienda a otros productos y a otras Comunidades Autónomas, supondrá unas barreras operativas injustificadas, con una colosal carga administrativa de una complejidad y unos costes inasumibles para las empresas. En un mercado europeo cada vez más digital que tiende a la integración, es totalmente anacrónico fragmentar nuestro mercado interno con tributos de este tipo”.
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