infoRETAIL.- Foro Europa Ciudadana, ‘think tank’ especializado en asuntos europeos, ha publicado el informe ‘Las nuevas perspectivas europeas respecto a los acuerdos entre los distribuidores’, en el que analiza las relaciones que se establecen entre los ‘retailers’ en la Unión Europea para conseguir mejores condiciones de compra frente a terceros, ya sean productores o suministradores.

“Los acuerdos entre distribuidores benefician a los consumidores finales, ya que permiten que éstos tengan que pagar menos por los productos”, se recalca desde Foro Europa Ciudadana, al tiempo que se enfatiza que “en varios países de la Unión Europea, como Francia y Alemania, se vienen empleando este tipo de acuerdos que cuentan con el visto bueno de las autoridades de Competencia de la Comisión Europea”.

Sin embargo, en España, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) ha obstaculizado un acuerdo de estas características (el suscrito entre DIA y Eroski, en junio de 2015), a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), pese a que cuenta con el aval de la Comisión Europea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lamenta el ‘think tank’.

“El acuerdo entre DIA y Eroski no va contra el Derecho de la Competencia de la Unión Europea, garantizando un abastecimiento seguro y permitiendo que la posición del productor no se vea afectada y que el consumidor pague menos por sus productos”, se resalta.  

“La decisión de AICA va en contra del Derecho de la Competencia, supone una aplicación indiscriminada de las normas y, lo que es más grave, degenera en un caos regulatorio, que es lo más opuesto a la seguridad jurídica, que es inherente al pleno ejercicio de la libertad de empresa”, afirma el presidente de Foro Europa Ciudadana, José Carlos Cano.

Además, según se recoge en el informe de Foro Europa Ciudadana, este tipo de acuerdos son congruentes y están en coherencia con la nueva PAC, porque no solo garantizan un abastecimiento más seguro a precios razonables, sino que permiten que la posición del productor no se vea debilitada.  

Del mismo modo, también son coherentes con la protección del consumidor ya que estos acuerdos (siempre que se lleven a cabo por grupos de distribuidores que no superen una determinada cuota de mercado) producen efectos positivos en los precios y, por tanto, el consumidor paga menos por el producto.   

“Por todo ello, las contradicciones entre órganos y agencias administrativas como lo sucedido en nuestro país redundan en perjuicios claros, directos y evidentes no solo para los operadores comerciales y para las empresas implicadas, sino también para los ciudadanos”, concluye José Carlos Cano.