infoRETAIL.- Siete representantes del sector agroalimentario han participado hoy en un foro de debate desarrollado en el madrileño hotel Palace para trasladar a las Administraciones Públicas sus demandas para incrementar la productividad y la eficiencia de la cadena de valor.

En este foto de debate, organizado por Agrifood, han participado Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA); Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG); Lorenzo Ramos, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA); Eduardo Baamonde, director general de Cooperativas Agro-alimentarias; Mauricio García de Quevedo, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB); Javier Garat, secretario general de Cepesca, y Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES).

Pedro Barato ha valorado positivamente la evolución que ha tenido el sector agroalimentario en los últimos años, “con la potenciación del diálogo y el entendimiento entre las distintas partes”. Asimismo, ha recalcado que “el sector ha demostrado que sabe hacer bien las cosas, incrementando su rentabilidad”.

Por otra parte, el presidente de ASAJA ha recalcado que “la Ley de la Cadena Agroalimentaria está bien, pero no conviene enredar más las cosas. Lo que queremos es que se cumpla y que las cosas tengan un precio”.

Miguel Blanco ha destacado que “los programas electorales y las políticas de cada día tienen que reconocer la importancia del sector agroalimentario como base de la economía real de España” y ha enfatizado que “el mercado hay que regularlo con nuevos planteamientos y principios intervencionistas. Es cierto que tiene que existir una autoregulación, pero deben existir normas regulatorias que regulen lo básico”, destacando que se debe combatir la venta a pérdida y los márgenes abusivos. “La agricultura tiene futuro porque es la base de la alimentación, pero debemos defender un modelo sostenible, sabiendo que se trata de un sector de la economía real que crea empleo”.

Lorenzo Ramos ha defendido una mejora del entorno rural que evite el despoblamiento y un modelo de agricultura familiar sostenible, al tiempo que ha combatido la venta a pérdida, que, a su juicio, “debe controlarse y regularse, ya que se trata de una práctica muy extendida en la actualidad”. Asimismo, ha apostado por “recuperar el equilibrio perdido entre los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria, algo fundamental para asegurar su correcto funcionamiento”.

Sector económico fundamental
Por su parte, Eduardo Baamonde ha pedido a las autoridades europeas que consideren al sector agroalimentario como “sector económico fundamental”, al tiempo que ha pedido regulación para “la volatilidad existente actualmente en los precios”.

En cuanto a la legislación nacional, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias pide a las comunidades autónomas que no regulen “contra lo que pide el sector; la mejor forma de conseguir más poder de negociación es creciendo, por lo que pedimos coherencia a las Administraciones para que no pongan puertas al campo y permitan que las cooperativas puedan crecer”.

Tras destacar el énfasis que actualmente está poniendo FIAB en potenciar la competitividad, eficiencia, sostenibilidad e internacionalización de las empresas, García de Quevedo ha destacado que “la industria alimentaria quiere colaborar con la Administración y los agentes de la cadena agroalimentaria para asegurar su competitividad, aprovechando tanto los recursos privados como los públicos”.

Por su parte, Javier Garat ha destacado que el sector pesquero español es líder en la Unión Europea, generando un volumen total de pesca de 950.000 toneladas. Asimismo, ha asegurado que se deben promocionar los productos de la pesca, reducir el tipo impositivo del IVA del 10% al 4%, mejorar la comunicación de las buenas prácticas que realiza el sector para cuidar los océanos e incrementar la formación.

Finalmente, Aurelio del Pino ha enumerado cinco demandas básicas que considera prioritarias: creación de un entorno económico que siga dando confianza a los ciudadanos y a las empresas, apoyar el consumo privado de los hogares, mejorar la calidad de los productos alimentarios y la formación e información del consumidor, promover los valores de la alimentación como parte de la cultura y de la dieta mediterránea y mejorar la eficiencia en la cadena de valor.